29.06.2020
Uno de los efectos colaterales de la crisis sanitaria que hemos sufrido ha sido la reactivación de la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas. Durante todo el periodo del estado de alarma, ampliado sucesivamente por las continuadas prórrogas (hasta seis) que se fueron aprobando quincenalmente, la conferencia de presidentes se ha venido reuniendo semanalmente, lo que constituye una práctica novedosa que merece ser reseñada. De esta forma, una instancia prácticamente inexistente, salvo en muy contadas y esporádicas ocasiones (la última vez que se reunió fue en enero de 2017), ha experimentado una reactivación que la ha otorgado un inesperado protagonismo en el nuevo escenario político surgido con motivo del estado de alarma.
No se trata aquí de hacer un examen de las múltiples, y frecuentemente incompatibles, propuestas que se han planteado en las catorce sesiones dominicales de la conferencia de presidentes; baste tan solo con reseñar el hecho de que se haya instaurado la práctica de la interlocución continuada entre los responsables de los gobiernos autonómicos y el central, lo que ya de por sí constituye un hecho que no debe pasar desapercibido. Hace falta saber, a partir de ahora, si se trata de algo pasajero, vinculado a la duración del estado de alarma, o puede dar lugar a una práctica habitual en las relaciones institucionales entre los máximos responsables de los ejecutivos central y autonómicos.
No estaría de más explorar esta posibilidad porque la realidad de los hechos –la crisis sanitaria es una buena muestra de ello– nos va a imponer la necesidad de articular respuestas comunes ante problemas comunes. Es preciso advertir, en todo caso, de que esta cooperación en común no debe obviar la existencia de problemas específicos en cada nacionalidad o región que requieren asimismo un tratamiento específico en el marco de una relación bilateral con el Estado. No hay incompatibilidad, o no debe haberla, entre estas relaciones bilaterales con el Estado cuando la situación lo requiera y, simultáneamente, las relaciones multilaterales entre las comunidades autónomas y el Estado para afrontar los asuntos de interés común, que también los hay; y en este sentido, la conferencia de presidentes proporciona un marco cuya utilidad no hay que desdeñar.
Por otra parte, instancias de este tipo no son nada nuevo en los países de nuestro entorno, en especial en aquellos en los que la experiencia federal está mas asentada, como es el caso de la República Federal de Alemania; que, hay que recordar, fue uno de los principales modelos de referencia en la elaboración de nuestra Constitución. Si bien es cierto que nuestro constituyente de 1977-78 no incorporó elementos esenciales de ese modelo; en especial, los que podían proporcionar el marco para desarrollar las relaciones de cooperación entre el Estado y los entes territoriales, y de éstos entre sí, de acuerdo con el esquema institucional propio de lo que conocemos como federalismo cooperativo.
De todas formas, la breve experiencia de la conferencia de presidentes que hemos tenido recientemente puede servirnos para extraer de ella algunas enseñanzas que convendría tener presentes; más que nada para saber lo que no hay que hacer. Una de ellas es que las relaciones de cooperación no consisten en que el jefe del Gobierno central utilice la conferencia presidencial para comunicar a los presidentes autonómicos lo que va a hacer (y lo que éstos tienen que hacer). Como tampoco en que los presidentes autonómicos la utilicen para plantear su repertorio de quejas y agravios, cuando no para aprovechar la oportunidad de escenificar la bronca con el representante del Ejecutivo central.
Junto a la ‘desescalada’ y la ‘nueva normalidad’, la ‘cogobernanza’ ha sido otro de los términos que, en estos tiempos de pandemia, ha venido a enriquecer nuestro vocabulario político, ya de por sí bastante sobrecargado últimamente. Más allá de las palabras, no siempre ejemplares por lo que estamos viendo en las recientes sesiones parlamentarias, lo que sería de desear es que este nuevo término, de acuerdo con su propio significado, fuese indicativo de una nueva realidad política basada en las relaciones de cooperación entre los entes territoriales y el Estado.
En este sentido, y a falta de otros instrumentos más idóneos, no estaría de más valorar la conveniencia de preservar durante el próximo periodo la continuidad de la conferencia de presidentes, con las modificaciones que sea necesario introducir en su funcionamiento. Entre otras razones porque podría proporcionar el marco apropiado para poder ensayar las experiencias iniciales de ‘cogobernanza’. Y, asimismo, porque podría servir de cauce institucional para que estas experiencias sean elementos integrantes de lo que, aun sin saber muy bien en qué va a consistir, todos venimos llamando la ‘nueva normalidad’.